La Fiscalía de la Nación repone a Rafael Vela como coordinador del Equipo Especial Lava Jato

Esta decisión se produce luego de que la Corte Superior de Justicia de Lima concediera una medida cautelar contra su suspensión, que lo apartó de sus funciones desde octubre de 2023.

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Las fiscales Elssie Salette Garavito Chang y Liliana Magdalena Briceño Aguayo, quienes reemplazaron a Vela Barba, dejarán sus encargaturas. l Foto: EFE/Paolo Aguilar.

En una resolución firmada por el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, se da por concluidas las encargaturas de las fiscales que ocuparon temporalmente los cargos de Rafael Vela Barba. La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió a favor de Vela Barba, lo cual llevó a la Fiscalía de la Nación a restituirlo en sus funciones.

«Considerando lo resuelto por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, corresponde expedir el acto resolutivo que disponga designar al magistrado Rafael Ernesto Vela Barba, en los cargos que ocupaba antes de la imposición de la medida disciplinaria de suspensión, para lo cual se deberá concluir las encargaturas de los Despachos respectivos», señala la resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

Cabe recordar que el 5 de octubre de 2023 se ordenó la suspensión de Rafael Vela en el cargo de fiscal superior titular por un período de 8 meses y 15 días, sin goce de haber. Esta medida disciplinaria se basó en supuestas infracciones muy graves cometidas durante el ejercicio de sus funciones, relacionadas con cuestionamientos a los jueces de la sala superior que ordenaron la excarcelación de la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el caso Odebrecht.

La restitución de Rafael Vela Barba en sus cargos implica su regreso a la Coordinación de las Fiscalías para Casos de Lavado de Activos y del Equipo Especial de la Fiscalía para los Casos Odebrecht y Lava Jato. Esta decisión busca restablecer la continuidad en las investigaciones relacionadas con casos de corrupción de alto perfil y asegurar la estabilidad y eficiencia del sistema de justicia.

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