La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación ante la reciente normativa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, la cual requiere visa y pasaporte para ciudadanos venezolanos desde el 2 de julio. Esta medida podría afectar a personas en condiciones de vulnerabilidad que carecen de estos documentos indispensables.
En un comunicado dirigido al superintendente nacional de Migraciones, Armando García Chunga, la Defensoría del Pueblo enfatizó la necesidad urgente de establecer excepciones humanitarias. El documento subraya la importancia de permitir el ingreso de niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas que buscan reunirse con sus familiares en Perú u otros países, especialmente aquellos varados en zonas fronterizas que necesitan cruzar el territorio peruano.
Aunque reconoce que la regulación del ingreso de ciudadanos extranjeros es un ejercicio de soberanía nacional, la Defensoría del Pueblo instó a no pasar por alto los compromisos internacionales de Perú respecto al derecho de refugio y los principios de la Política Nacional Migratoria 2017-2025, la Ley General de Migraciones y el Decreto Legislativo 1350, que promueven la reunificación familiar y el interés superior del niño.
Carlos Fernández, adjunto de Derechos Humanos, expresó su preocupación por la falta de consideración hacia personas venezolanas en situación vulnerable, como niños, adolescentes con padres en Perú en situación regular, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, quienes podrían quedar excluidos debido a la nueva regulación que exige pasaporte y visa.
La Defensoría del Pueblo recomendó a Migraciones que considere de manera excepcional la admisión de estas personas vulnerables, basándose en principios humanitarios y el derecho internacional, recordando el compromiso de Perú con la protección de refugiados, en línea con el Pacto Mundial sobre los Refugiados del 2018.
Además, la institución enfatizó su postura a favor de un ingreso regular, ordenado y controlado de migrantes, buscando equilibrar la regulación migratoria con la compasión hacia aquellos en situaciones críticas. También solicitó que las regulaciones sean evaluadas considerando tanto la legalidad como el impacto humanitario sobre los migrantes venezolanos que enfrentan dificultades particulares.
La presencia de ciudadanos venezolanos en situación de vulnerabilidad fue constatada durante una visita realizada el 2 de julio por representantes de la Defensoría del Pueblo en Tacna a la Línea de la Concordia. En esta ocasión, se observó a aproximadamente 20 personas varadas debido a la falta de pasaporte vigente y visa para ingresar al territorio nacional, incluyendo adultos mayores y niños.