Tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de 13 trabajadores asesinados en la provincia de Pataz, la minera Poderosa emitió un comunicado en el que responsabiliza tanto al Ministerio de Energía y Minas (Minem) como al Congreso de la República por no haber tomado medidas oportunas para frenar el avance de mineros ilegales en la zona.
La empresa denunció que estos crímenes fueron cometidos por bandas vinculadas a la minería informal e ilegal, que —según afirma— continúan operando con absoluta libertad dentro de sus concesiones.
“El Congreso, con sus reiteradas ampliaciones del Reinfo, ha servido como un manto protector para que los mineros informales e ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente, como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso”, señaló Poderosa en su pronunciamiento.
Además, criticaron a la Dirección General de Formalización Minera del Minem por su inacción ante los pedidos de exclusión presentados por la empresa. Según denuncian, hasta la fecha no se ha retirado a los mineros ilegales de sus terrenos, a pesar de las constantes advertencias y solicitudes formales.
Poderosa reiteró que esta falta de respuesta estatal ha permitido la consolidación de organizaciones criminales que operan bajo el amparo de un sistema de formalización que —lejos de ordenar— ha facilitado la impunidad.