Arequipa: Tres mineros informales van a prisión por tráfico de armas y funcionario de Sucamec afrontará investigación en libertad

Mientras los mineros implicados cumplirán 36 meses de prisión preventiva, un funcionario de Sucamec acusado de corrupción podrá afrontar la investigación fuera de la cárcel.

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El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra los mineros informales Darwin Oswaldo Samaniego Orihuela, Jesús Baca Quispe y Cid Irving Domínguez Martínez, quienes enfrentan cargos por tenencia ilegal de armas y municiones, lavado de activos y receptación agravada.

Durante la audiencia, la fiscal provincial María Alejandra Cabana Ocsa argumentó que existe peligro de fuga y de obstaculización de la investigación, debido a la falta de arraigo de los acusados y la alta pena que podrían recibir, que supera los 15 años de prisión.

A los tres investigados se les imputa continuar cometiendo delitos vinculados al tráfico de armas, incluyendo su presunta participación en hechos ocurridos el 2 de junio de 2022, cuando habrían suministrado municiones de diversos calibres a un grupo armado contratado para proteger y desalojar campamentos mineros. La mayoría de estos individuos no contaba con licencia para portar armas.

Además, durante un operativo realizado el 24 y 25 de mayo de 2025, se les incautó más de medio millón de soles en efectivo, por lo que también se les investiga por el delito de lavado de activos.

El Ministerio Público cuenta con la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, quien ha proporcionado información relevante sobre los hechos ocurridos entre 2020 y 2022 en las concesiones de la empresa Intigold Mining S.A.

FUNCIONARIO DE SUCAMEC SERÁ INVESTIGADO EN LIBERTAD

Un funcionario fue detenido por presuntamente favorecer a dirigentes de Atico Kallpa, organización investigada por asesinatos y tráfico de armas, informó la Fiscalía.

En cuanto a Adrián López Portocarrero, funcionario de SUCAMEC, el Poder Judicial dispuso comparecencia con restricciones, es decir será investigado en libertad. Se le acusa por el presunto delito de cohecho pasivo propio, al haber solicitado dinero a los implicados a cambio de facilitar licencias de uso de armas y tarjetas de propiedad.

López deberá cumplir reglas de conducta bajo apercibimiento de prisión preventiva en caso de incumplimiento. No obstante, el Ministerio Público ha anunciado que apelará la decisión, al considerar que existen elementos de convicción suficientes y graves para solicitar su encarcelamiento preventivo.

AVANCES DEL CASO

Actualmente, 12 personas están bajo investigación. De ellas, siete tienen orden de detención y cuatro fueron capturadas durante el reciente operativo. La base del caso se sustenta, además, en confesiones sinceras de procesados que cumplen prisión preventiva en el penal de Socabaya.

Finalmente, la fiscal Cabana no descartó la posible implicación de efectivos policiales u otras autoridades en esta red criminal.

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