El ciudadano y periodista colegiado Julio A. U. ha denunciado públicamente haber sido víctima de detención ilegal, tortura física y psicológica, así como difamación, por parte de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Arequipa. La intervención ocurrió el pasado 14 de julio en su centro de trabajo, tras ser acusado —sin pruebas— de extorsionar a cinco efectivos policiales mediante mensajes de WhatsApp.
Según la denuncia, la operación fue ejecutada por el equipo de Secuestros de la Divincri Arequipa, encabezado por el teniente Raúl Castillo, junto a los suboficiales Alex Yana y Ernesto Casapía. La acusación se basó en denuncias presentadas por cinco policías, quienes alegaron haber recibido mensajes extorsivos desde un número telefónico que, según la propia defensa de Julio, nunca fue sometido a verificación técnica y no está a su nombre. Pese a ello, el fiscal Javier Vera Salazar avaló el operativo sin confirmar la titularidad del número, lo que fue observado por el juez de flagrancia durante la audiencia del 16 de julio.
Durante su traslado, Julio denuncia que fue golpeado cobardemente en la cabeza y el pecho con un objeto contundente por el teniente Castillo, mientras permanecía esposado dentro del vehículo policial. Así lo acredita el certificado médico legal N.º 0028880-L-D-D, que le otorgó tres días de descanso por las lesiones. Según el testimonio del agraviado, el conductor del patrullero, suboficial Portilla, presenció la agresión y respondió con la frase: “yo te conozco, que te saquen la m…”, cuando otro agente pidió detener el ataque.
La violencia fue tal que la camisa del detenido terminó manchada de sangre, motivo por el cual el mismo Castillo cuenta la víctima lo cambió antes de ingresar a la dependencia policial. Ya en la unidad, Julio denuncia que el oficial le aplicó descargas eléctricas, dejándolo inconsciente frente a la agente Melany García.
Para su defensa legal, a cargo del abogado Santiago Mendoza Flores, estos actos no son hechos aislados, sino parte de un operativo coordinado por una presunta red dentro de la PNP con respaldo fiscal. Un detalle que refuerza esta sospecha es que los cinco mensajes extorsivos denunciados tendrían idéntico tenor, lo que sugiere una posible coordinación previa entre los efectivos acusadores.
Además, Julio señala que los propios agentes —entre ellos el teniente Castillo y el capitán Renato Delgado, jefe del área AREANDRO— filtraron fotos y videos de su intervención a medios locales, quienes difundieron la versión policial sin verificar los hechos ni consultar a la defensa, presentándolo como culpable sin proceso previo. Esta exposición pública, señala, habría sido parte de una estrategia de desprestigio planificada para justificar su detención.
A pesar de su condición de periodista colegiado, el Colegio de Periodistas de Arequipa no se ha pronunciado hasta la fecha, lo que ha generado malestar e indignación en el gremio. Varios colegas advierten que este caso marca un precedente preocupante para la libertad de prensa y la integridad de cualquier ciudadano crítico.
El abogado Mendoza anunció que presentará denuncias penales contra los agentes y el fiscal implicados. Hasta la fecha, Julio permanece sin acceso a su teléfono celular ni a su tarjeta de sueldo, los cuales fueron incautados en el operativo, dejándolo incomunicado y sin recursos.
Finalmente, en un video grabado durante la intervención, se observa un uso excesivo de fuerza y múltiples irregularidades: nunca se le leyeron sus derechos, ni se formalizó debidamente la intervención antes de sustraerle el celular de su bolsillo, lo que podría configurar además un acto de hurto agravado por parte de los efectivos Castillo, Yana y Casapía.