El Poder Judicial advierte que las viviendas alquiladas a delincuentes serán objeto de decomiso y los propietarios podrían enfrentar condenas al ser considerados cómplices, siempre y cuando se demuestre que tenían conocimiento de los actos ilícitos realizados en dichos inmuebles.
Según informó la entidad estatal, esta medida se aplicará especialmente en casos de delitos graves como secuestros, lavado de activos o trata de personas. Los propietarios serán denunciados y condenados como cómplices, enfrentando penas equivalentes a las impuestas a los autores materiales de los delitos.
Durante el año 2023, se registró un aumento de los casos de secuestros en departamentos en diversos distritos de Lima Metropolitana, lo que ha llevado al Estado a tomar acciones para revertir los altos índices de criminalidad en la capital.
El juez Juan Rosas Castañeda, en una entrevista con el diario El Peruano, señaló que en el caso de la reparación civil, el delincuente tiene la obligación de indemnizar a la víctima del secuestro para reparar el daño causado. Asimismo, sugirió a los propietarios de viviendas incluir cláusulas en los contratos para regular las visitas y dejar constancia de su prohibición de actividades ilícitas en el espacio alquilado.
Según información policial, se ha observado una tendencia en Lima, donde los delincuentes alquilan propiedades de lujo en distritos como Miraflores y San Isidro para dificultar las investigaciones en su contra por presuntos delitos.
El Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado, tiene la función primordial de administrar justicia, aplicando las leyes para resolver conflictos y garantizar los derechos de los ciudadanos, en conjunción con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
