La Contraloría General de la República ha identificado tres situaciones adversas en la obra del colegio Monseñor José de Piro D’Amico Inguanez, ubicada en el distrito de Cayma, en Arequipa. El proyecto, ejecutado por la actual gestión edil de Juan Carlos Linares, enfrenta retrasos preocupantes, ausencia de supervisión técnica y serias dudas sobre la calidad estructural del concreto usado.
Obra con retraso preocupante
Según el informe de control, a marzo de 2025 el avance físico acumulado era de apenas 74.53%, cuando lo programado debía alcanzar el 100%. Esta diferencia coloca a la obra en condición de «atrasada» y podría impedir que se cumpla con el plazo contractual, afectando a cientos de escolares que esperan una infraestructura adecuada.
Supervisión ausente, pero presupuestada
Durante una inspección realizada el 25 de abril, la Contraloría verificó que no había presencia del personal técnico de supervisión, a pesar de estar incluido en el presupuesto. No se hallaron a los dos asistentes de supervisión ni al topógrafo. Además, las oficinas carecían del equipamiento estipulado: computadoras, plotter, fotocopiadora y una camioneta con chofer. Todo ello podría derivar en pagos indebidos por servicios que no se brindaron.
Concreto de calidad dudosa
Una de las observaciones más críticas es la relacionada con la resistencia del concreto. En lugar de realizar los ensayos establecidos por norma (extracción de núcleos o “testigos”), se optó por pruebas de esclerometría, un método menos confiable ante sospechas de baja resistencia. Esto pone en riesgo la seguridad estructural de la obra, cuyo objetivo es ser un espacio educativo seguro y duradero.
Contrato millonario, ejecución cuestionada
La obra fue adjudicada al Consorcio José de Piro el 25 de agosto de 2023, y el contrato —por un monto de S/ 11 millones 314 mil— fue firmado el 30 de noviembre. El plazo de ejecución es de 300 días calendario, pero los problemas detectados ya amenazan su cumplimiento.
Ante los hallazgos, el Órgano de Control Institucional (OCI) ha solicitado que el titular de la entidad adopte medidas preventivas y correctivas en un plazo de cinco días hábiles, y que informe las acciones tomadas a la comisión de control. La situación exige atención urgente para garantizar que el proyecto se ejecute con transparencia y eficiencia, priorizando el bienestar de los estudiantes de Cayma.