Por: Erzsebet Villasante Quinto
El Frente de Defensa del distrito de Atico, en la provincia de Caravelí, exigió al gobierno regional, la declaratoria del estado de emergencia en la zona de Calpa, luego de una presunta emboscada ocurrida el pasado 28 de mayo contra comuneros que realizaban labores de mantenimiento en la vía rural AR-104. La agresión habría sido perpetrada por presuntos mineros ilegales de las agrupaciones Calpa Renace y 2 de diciembre.
De acuerdo al presidente del Frente de Defensa, Walter Edinson Neyra, alrededor de 300 comuneros fueron atacados por “personas con cascos y rostros cubiertos” que descendieron de los cerros armados con piedras y objetos contundentes. Solo ocho de los afectados presentaron denuncias, debido a la falta de apoyo y organización de las autoridades.
Neyra aseguró que desde antes de este nuevo ataque ya se habían emitido alertas formales a diversas autoridades. “He presentado documentos al gobernador, al comisario, al alcalde, incluso a la Fiscalía, advirtiendo de esta problemática desde antes que estalle el conflicto”.
Una de las víctimas, identificada como María Luisa Panibra, relató haber sido agredida físicamente por un grupo de personas en el interior de su camioneta. También, Hipólito Guayani, chofer de una camioneta, terminó con el rostro desfigurado, quien ahora espera una intervención quirúrgica.
La población exige la intervención urgente del Ministerio del Interior y del Ministerio de Energía y Minas, así como garantías para la vida de los comuneros tras los constantes conflictos que ocurren las mineras de Caravelí.
“Yo le quiero decir a la Presidenta de la República que tome medidas inmediatamente. Si no, mi pueblo va a reaccionar, y no queremos repetir lo que pasó con las 14 muertes anteriores”, mencionó Neyra, recordando el enfrentamiento ocurrido en junio de 2022 por un conflicto similar entre mineros formales e informales en la misma zona.