El Ministerio Público a través de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Arequipa consiguió se confirme en segunda instancia la sentencia contra el médico Carlos Antonio Vargas Corpancho por el delito contra la administración pública en su modalidad de cohecho pasivo propio, imponiéndole 08 años de pena privativa de la libertad.
El imputado en el 2011, en su condición de médico radioterapeuta y Jefe del Servicio de Radioterapia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo – ESSALUD en junio del 2011 y setiembre del 2012 solicitó a pacientes sumas de dinero para que estas puedan ser atendidas en forma preferencial e irregular para recibir el tratamiento de radioterapia, antes de quienes se encontraban ya en lista de espera.
El imputado tenía la potestad, según las funciones establecidas, señalar el plan de tratamiento de los pacientes que llegaban a su consultorio, determinando él qué y cuando recibirlos.
Respecto a ello, como requisito solicitó dádivas entre S/. 1500 a S/. 5000 soles a 03 mujeres diagnosticadas con cáncer, para que sean atendidas de manera privilegiada. Se conoció que 01 de las pacientes no accedió al pago, al saber esta situación decidió no volver atenderse con él sino más bien pedir otro médico.
En audiencia la Fiscal Adjunta al Superior Katerine Salazar Calderón Samalvides ratificó la posición del Ministerio Público, quien bajo argumentos sólidos refutó a la defensa técnica del procesado quien apeló hasta en 03 oportunidades al no aceptar los cargos formulados por la Fiscalía.
Destacar que en primera instancia la Fiscal Adjunta al Provincial de Corrupción Karen Silvana Farfán Mita logró en su oportunidad se emita sentencia condenatoria al hallar responsabilidad penal.
Finalmente luego de 14 sesiones en apelación, la Sala Liquidadora y de Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó la sentencia N° 14-2024-JUP respecto a su inhabilitación y pago de reparación civil de S/. 25 000 soles a favor del Estado y revocar la sentencia en el extremo de la pena imponiéndole ocho años de cárcel.
Es así que, bajo la estrategia asumida por el despacho a cargo del Fiscal Superior Carlos Alberto Herrera Mogrovejo, se logró una sanción para este médico quien se aprovechó de la situación de salud por la que atravesaban las pacientes para solicitarles dinero a cambio de agilizar los trámites para su atención.
Se conoció además que el acusado tiene ya otra sentencia condenatoria por 12 años que está cumpliendo por delito de la misma naturaleza.