La provincia de Caravelí, en Arequipa, volvió a estar en el centro de la atención tras un operativo fiscal ejecutado los días 24 y 25 de mayo, como parte de la investigación a la organización criminal “Los Intis”, dedicada a delitos de tenencia ilegal de armas y municiones, así como cohecho pasivo propio.
Uno de los detenidos más comprometidos es Adrián López Portocarrero, servidor público de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), quien habría otorgado licencias irregulares de armas a mineros informales a cambio de hasta S/ 1,500 por trámite, según reveló la fiscal provincial María Alejandra Cabana Ocsa.
“Él facilitaba el uso de armas a cambio de S/ 1,500. Nuestra hipótesis es que coordinaba la aprobación de exámenes psicosomáticos y otros requisitos para que dirigentes mineros obtengan su licencia”, afirmó la fiscal. “Será clave revisar su celular”, agregó.
Los principales beneficiarios de estas licencias habrían sido dirigentes de las asociaciones minera Atico Kallpa, uno de los grupos en disputa violenta por el control de minas auríferas en la región, involucrados en el asesinato de 14 mineros en junio de 2022.
Durante el operativo, se detuvo también a Darwin Samaniego Orihuela, Jesús Bava Quispe y Cid Domínguez Martínez, además de Patricia Robles, exconviviente de otro investigado, a quien se le hallaron más de S/ 100,000 en efectivo.
Resultados del operativo:
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9 inmuebles allanados
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3 armas de fuego (corto y largo alcance) incautadas
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S/ 104,560 y US$ 118,729 decomisados
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209 municiones, 7 casquillos percutados, 6 cacerinas
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11 celulares y una carabina de caza
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Una camioneta vinculada a las operaciones ilícitas
La Fiscalía señala que, desde 2020, las asociaciones Atico Kallpa y Kallpa Renace se habrían abastecido de armamento y municiones más allá de lo permitido, contratando incluso grupos armados provenientes de Huacho y Lima para enfrentamientos en Caravelí.
Actualmente hay 12 personas investigadas, de las cuales 7 tienen pedido de detención y 4 fueron capturadas durante el operativo. La base del caso se sustenta en confesiones sinceras de procesados que cumplen prisión preventiva en el penal de Socabaya.
La fiscal Cabana no descartó la participación de efectivos policiales u otras autoridades en la red.
“Este tipo de investigaciones son extremadamente complejas. Ingresar a la zona requiere fuerte resguardo policial. Es una zona controlada por intereses criminales”, declaró.
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