María Carrillo Valdivia tenía solo 29 años. Era ingeniera de materiales, egresada de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), madre de una niña de ocho años y soñaba con terminar su maestría en agosto. Ese sueño, y su vida entera, quedaron truncados la madrugada del miércoles 16 de agosto, cuando una camioneta negra la atropelló y la abandonó a su suerte en plena avenida Ejército, en el distrito arequipeño de Cayma.
María no estaba cruzando imprudentemente. No estaba distraída ni desafiando las reglas del tránsito. Estaba trabajando. Formaba parte de una cuadrilla que realizaba mantenimiento vial para una empresa contratista de la Municipalidad de Cayma. Por las mañanas laboraba en la Municipalidad de Sachaca y por las noches colaboraba con esta empresa para juntar dinero y seguir pagando sus estudios de posgrado. Su historia es la de miles de mujeres peruanas que madrugan y se multiplican para salir adelante. Pero todo se apagó en cuestión de segundos.
El dolor de su familia se multiplica por la indiferencia de las autoridades. José Carrillo Valdivia, hermano de la víctima, contó entre lágrimas que fue la propia familia quien tuvo que buscar las imágenes de las cámaras de vigilancia. Ni la Policía ni la Fiscalía se movilizaron. “Nosotros tuvimos que hacer todo. Cuando fuimos a la comisaría de Cayma, un policía le dijo a mi hermano: ‘¿Quieres que deje de hacer mis cosas para buscar?’”, relata con indignación.
Esa respuesta lo resume todo. Una vida destrozada. Una niña huérfana. Y un Estado que responde con frialdad y desinterés. ¿Esa es la protección que ofrecen nuestras instituciones? ¿Eso es lo que vale la vida de una mujer trabajadora en el Perú?
La familia ha identificado que el vehículo que arrolló a María es una camioneta Honda negra, con parrilla y probablemente con daños visibles en la parte delantera. El conductor no ha sido identificado ni detenido hasta hoy. El tiempo pasa y el silencio institucional se vuelve más doloroso.
Mientras tanto, instituciones como la Municipalidad Sachaca emitieron comunicados. Pero los comunicados no devuelven vidas, ni garantizan justicia.
María no fue una víctima más del tránsito. Fue víctima de un sistema que abandona a los que más luchan. De un aparato estatal que reacciona tarde y mal. De una justicia ciega que muchas veces protege al más fuerte, al más influyente, al más cobarde.
No se trata solo de encontrar al culpable. Se trata de despertar. De exigir cambios. De no permitir que otra familia tenga que convertirse en investigadora, fiscal y policía para encontrar respuestas.
¿Cuántas Marías más deben morir para que las autoridades reaccionen?
