La región Arequipa enfrenta un grave déficit en la atención de víctimas de agresión sexual, ya que no cuenta con un laboratorio de fluidos que permita realizar análisis rápidos y efectivos para obtener pruebas contra los agresores.
Según cifras recientes, este año se han registrado aproximadamente 2 mil casos de agresión sexual en la región, pero las investigaciones se ven ralentizadas debido a la dependencia de los laboratorios en Lima, lo que provoca retrasos de hasta 10 meses en los resultados.
“Todas estas muestras, no solamente para abuso sexual, sino además por otros casos, también se tienen que ir a Lima porque no contamos con eso (Laboratorio de fluidos) a pesar de ser la segunda región con mayor incidencia de violencia contra la mujer y grupo familiar. Las evidencias demoran en llegar entre 8 a 10 meses. (…) Y aquí es donde nosotros exhortamos a las autoridades competentes a poder ver la manera a través de la cual Arequipa pueda contar con este laboratorio de fluidos, de tal manera que se acelere las investigaciones fiscales” dijo Fiorella Matos, presidenta de la Asociación U-Manos.
Fiorella Matos, presidenta de la Asociación U-Manos, señaló que la construcción de un laboratorio de fluidos en Arequipa no solo reduciría el tiempo de obtención de resultados a un máximo de 15 días, sino que también aliviaría la carga del laboratorio en Lima al poder procesar muestras de otras regiones del sur, como Puno, Moquegua y Tacna.
Además, Matos subrayó la importancia de implementar un banco de ADN en el que se almacenen los perfiles genéticos de los agresores, lo que agilizaría considerablemente las investigaciones.
“Y esto va de la mano de tener también un banco de ADN. Poder tener un registro de ADN de los agresores sexuales para que cuando se presente un caso de violencia, a través de esta evaluación de fluidos que se hace, se conozca el ADN del agresor y sea mucho más fácil poder reconocerlo. Y así llevar a cabo una diligencia, una investigación y un juicio más célebre para que las víctimas logren justicia, y obviamente no tengamos agresores sexuales sueltos en las calles.” Agregó Matos.
Matos declaró que lo que falta no es presupuesto, porque existe, sino decisión política para priorizar esta necesidad. También considero crucial enfocar esfuerzos en la prevención para evitar que estas agresiones sigan ocurriendo.
“Nos indicaron que la Fiscalía Especializada (en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar) ha tenido reuniones en el gobierno regional. Es más, esto se ha venido conversando hace ya bastante tiempo», dijo.
Se logró concretar estas reuniones en el gobierno regional, pero nos indican que desde el año 2020 hay un proyecto desde Lima que hasta el momento no se concreta. Y por eso es que el gobierno regional no puede ingresar a intervenir en este proyecto ahora, porque ya está alineado a otra iniciativa.
Este problema es simplemente por un tema administrativo y resulta sorprendente que por este tipo de temas no tengamos respuesta ante esta necesidad por el delito que es el abuso sexual, sobre todo en los niños. Imagínense una familia esperando tanto tiempo para obtener los resultados y poder llevar a cabo la sanción del agresor.
Redacción: André Bernal.